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Las mujeres cordobesas no gozan de los mismos derechos que mujeres de otras provincias

En Córdoba, un amparo del Portal de Belén frenó hace años la implementación del protocolo que asegura a las mujeres y personas gestantes, en determinadas situaciones, el derecho a la interrupción legal del embarazo. Hace casi cuatro años que el expediente está en el Tribunal Superior de Justicia, todavía sin resolución. UNCiencia consultó a Mariela Puga, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, investigadora de Conicet y docente de las universidades nacionales de Córdoba y Entre Ríos, para conocer el encuadre jurídico del caso.

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- ¿Cuáles son las condiciones jurídicas y normativas que habilitan la interrupción legal del embarazo en Argentina?

- Actualmente, la interrupción legal del embarazo está habilitada en cinco casos: cuando peligra la vida del o de la gestante, cuando peligra la salud del o de la gestante, cuando el o la gestante es menor de edad (lo que en nuestro sistema jurídico lleva a presumir una violación), cuando el o la gestante fue violada y, por último, cuando el o la gestante tiene una discapacidad mental.
El caso FAL, del año 2012, dio ocasión para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunciara sobre las condiciones en que el sistema de salud argentino estaba atendiendo al derecho de las mujeres a abortar en estas cinco circunstancias.
Los jueces supremos fueron muy críticos, tanto de médicos como de jueces, por las trabas que les imponían a las mujeres, judicializando sus pedidos o negándoles la asistencia sanitaria requerida.
Los jueces supremos también aclararon algo que algunos jueces y juristas venían poniendo en duda: que las mujeres violadas tenían derecho a la interrupción del embarazo, y que basta su declaración jurada de haber sido violadas para que el Estado les garantice este derecho.
A raíz de ello, varias provincias argentinas decidieron darse protocolos de atención sanitaria que garantizaran el derecho de las mujeres a abortar en las condiciones establecidas por la Corte, y teniendo en cuento las previsiones y crítica de esta.

- ¿Qué implicancias y alcances tiene el amparo presentado por la asociación Portal de Belén?

- El Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba intentó seguir la misma conducta de aquellas provincias que respetaron las recomendaciones de la Corte Suprema, dándose un protocolo. Lamentablemente, ese protocolo fue frenado por el Portal de Belén y jueces de primera y segunda instancia del Poder Judicial cordobés, que entendieron que las recomendaciones de la Corte no los obligaban, y no estaban de acuerdo con ellas.
Ello tuvo como consecuencia que, desde 2012, las mujeres violadas en otras provincias tienen garantizado su derecho al aborto en los hospitales provinciales, mientras que en Córdoba no pueden hacerlo. Deben entonces acudir a las escasísimas opciones que ofrece el sistema de salud nacional (que tampoco funciona en Córdoba con todas las garantías que exige la Corte).

- ¿Puede un amparo sobre un instrumento como un protocolo frenar la aplicación de un derecho consagrado en la Constitución?

Jurídicamente, no. La situación de Córdoba es una clara violación del artículo 8 de la Constitución Nacional que establece: "Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás". Las mujeres cordobesas no gozan de los mismos derechos que las mujeres de Río Negro, o Ciudad de Buenos Aires, si resultan violadas.
Sin embargo, de hecho, el Poder Judicial cordobés ha conseguido mantener la violación de derechos de las mujeres cordobesas con una actividad jurisdiccional muy simple: la no actividad. En otros ámbitos lo llamaríamos "cajoneo".
Hace casi cuatro años que el expediente por el que se frenó la aplicación del protocolo en Córdoba está en el Tribunal Superior de Justicia, sin decisión. Si el caso se decidiera, y aun cuando se decidiera en contra, el Poder Ejecutivo de la Provincia y los terceros demandados podrían acudir a la Corte Suprema para saldar el asunto y devolver el derecho a las mujeres. Pero en la medida en que no se tome una decisión, la situación de violación de derechos de las mujeres se prolonga indefinidamente en el tiempo. 

- La Justicia, ¿tiene plazos para resolver ese tipo de circunstancias?

- La Justicia es un organismo jerárquico, en el caso de Córdoba, con rasgos aristocráticos. Los códigos procesales suelen obligar a los jueces de primera instancia de tomar decisiones en ciertos plazos, pero esas obligaciones son mucho menores para los jueces de las instancias superiores. No hay una regla procesal que imponga un plazo expreso al Tribunal Superior de Justicia.
Por otro lado, los abogados litigantes suelen ser muy temerosos de presentar escritos exigiendo "pronto despacho" al Tribunal Superior. La mística jerárquica y aristocrática no se alimenta solo de las reglas procesales provinciales, sino también de una cultura de subordinación como subyugación a las jerarquías tribunalicias.
Eso significa básicamente que el Poder Judicial cordobés puede tener este expediente, como tantos otros, por tiempo indefinido, sin que haya mucha cosa eficiente que se pueda hacer, salvo la presión simbólica o política, mencionando el asunto en cada instancia de decisión pública en la que sea posible.