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Crean un mapa de la violencia institucional en Córdoba

Es una georeferenciación de las muertes ocurridas entre 2011 y 2015, en las que estuvieron involucradas distintas fuerzas de seguridad provinciales. Fue ideado por el Observatorio de Derechos Humanos de la UNC y será presentado el viernes 22 de mayo, a las 17, en la sala del Consejo Superior. [20.05.2015]

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Con el propósito de producir información pública, fiable y sistematizada, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba desarrolló un mapa interactivo que registra 59 casos de uso letal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad de Córdoba. 

Este relevamiento –que da cuenta de hechos sucedidos entre 2011 y abril de 2015–, apunta a brindar elementos para profundizar el análisis y contribuir al debate. "Intentamos construir una herramienta hasta ahora inexistente en nuestra provincia, que posibilita leer las características que asume el uso letal de la fuerza, y comprender sus lógicas y transformaciones, de acuerdo a las políticas de seguridad que promueven los gobiernos”, explica Jaschele Burijovich, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos.

Este diseño cartográfico ofrece información sobre la localización del hecho, la fuerza de seguridad interviniente, el estado de la causa y las fuentes consultadas.

Uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad en Córdoba
██  Ejecuciones extrajudiciales | Cualquier proceder arbitrario de los cuerpos de seguridad del Estado que tenga como consecuencia la muerte de una persona.
██  Muertes en situación de encierro | Fallecimiento de una persona detenida en un lugar de encierro, como por ejemplo comisarías y establecimientos carcelarios.
██  Negligencia funcional | Situaciones en que la causa del deceso responde a la falta de cuidado por parte del funcionario de seguridad correspondiente.
██  Uso de la fuerza en situaciones interpersonales | Casos de agentes de las fuerzas de seguridad que provocan la muerte de otra persona en situaciones que no tienen relación con su función.
██  Desaparición | Cuando una persona es reportada como desaparecida y existen sospechas de la participación de agentes del Estado.


El mapa fue elaborado a partir de la información disponible en las versiones digitales de los principales diarios y medios de Córdoba, como La Voz del interior, CBA24N, Día a Día y La Mañana de Córdoba. También sumaron sitios informativos o versiones digitales de periódicos locales, como Tres Digital, Puntal y Tiempo Info News, entre otros.

La elección de los medios de comunicación masiva como fuentes de información fue una decisión metodológica adoptada por las autoras ante la falta de respuesta a los pedidos formales remitidos a los ministerios de Justicia y Seguridad de Córdoba, así como al Tribunal de Conducta Policial.

Actualmente el mapa incluyen 59 casos de muertes producidos en la provincia de Córdoba por las fuerzas de seguridad pública, entre ellas la Policía Provincial, el Servicio Penitenciario de Córdoba, la Gendarmería Nacional y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (fallecimientos vinculados a la detención de jóvenes en el complejo Esperanza). El recorte realizado corresponde al momento en que se recrea el Ministerio de Seguridad en la provincia hasta la actualidad. Y la actualización de los datos se realizará de manera cuatrimestral.

Las autoras señalan que este “tipo de violencia estatal se asienta en el poder atribuido a las fuerzas de seguridad que, argumentando un ‘uso legítimo de violencia’, avala prácticas y procedimientos arbitrarios y excesivos, que se encuentran en su mayoría fuera de todo control o revisión institucional”.

Presentación pública
El mapa sobre el uso letal de la fuerza por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado será presentado el viernes 22 de mayo, a las 17, en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba.
En la oportunidad, participarán el rector de la UNC, Francisco Tamarit,  junto a Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales; Jaschele Burijovich, coordinadora del Observatorio Derechos Humanos; y Magdalena Brocca, coordinadora del Programa Universidad, Sociedad y Cárcel. Está dirigido al público en general.